En el mundo financiero, las calificaciones de riesgo país desempeñan un papel crucial para los inversores y los gobiernos. Estas calificaciones proporcionan una evaluación de la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras. Recientemente, Bolivia ha sido objeto de revisión por parte de la agencia calificadora de riesgos Moodys Investors Services, y los resultados han generado atención en el país y en los mercados internacionales.
Cambios en las calificaciones de riesgo de Bolivia
El pasado 30 de junio, Moodys Investors Services confirmó las calificaciones de riesgo de emisor a largo plazo en moneda local (B2) y moneda extranjera (Caa1) de Bolivia, sin embargo esta última cambió la perspectiva de la calificación de «estable» a «negativa». Esta modificación refleja la evaluación de Moodys sobre los desafíos que enfrenta Bolivia en su situación crediticia.
Factores que influyen en la perspectiva negativa
La agencia calificadora ha señalado diversos factores que han llevado a la modificación de la perspectiva crediticia de Bolivia:
Perspectivas para el pago de la deuda soberana
A pesar de los desafíos mencionados, se destaca que Bolivia tiene una buena posición para el pago de su deuda soberana de corto y mediano plazo. La recientemente aprobada Ley del Oro, que permite al Banco Central de Bolivia convertir las reservas de oro en divisas líquidas y adquirir oro de mineros locales en moneda local y desembolsos esperados por un valor aproximado de $600 millones en condición de préstamos por parte de instituciones oficiales de desarrollo bilaterales y multilaterales, proporcionan un respaldo para cumplir con las obligaciones financieras.
En cuanto a los pagos sobre los bonos internacionales soberanos de Bolivia, se estima que los montos sean relativamente modestos en los próximos años, ascendiendo a $303 millones en 2023 y $109 millones anuales en 2024 y 2025. Sin embargo, se proyecta un aumento en los pagos a partir de 2026, con montos que alcanzarían los $435 millones, $420 millones y $677 millones en 2026, 2027 y 2028, respectivamente.
Será fundamental que el gobierno tome acciones efectivas para fortalecer su posición fiscal y mejorar la efectividad política y de gobierno. Esto permitirá a Bolivia enfrentar los riesgos y mantener una perspectiva crediticia positiva en el futuro.